Noticias para el Diario Córdoba de  Antonio Manuel Caballero

La normativa vigente en Andalucía sobre ordenación del territorio y urbanismo es, por un lado, muy limitadora respecto a la posibilidad de realizar construcciones en suelo rústico, a la vez que hace caer en los ayuntamientos la responsabilidad de inspección sobre construcciones y en lo relativo a la protección de la legalidad urbanística y el restablecimiento del orden jurídico perturbado en su caso.

La falta de medios para hacer frente a este deber y los problemas que existen para otorgar permisos para realizar construcciones de uso agrícola en el campo ha llevado a los alcaldes del Valle de los Pedroches a debatir este asunto en la junta de la mancomunidad de municipios que se celebró en la noche del martes. Ya en una anterior junta, el alcalde de Añora, Bartolomé Madrid (PP), planteó esta problemática, que formaba parte del orden del día de la sesión celebrada hace dos días en Alcaracejos. Tras el debate que se suscitó, y en el que buena parte de los regidores locales plantearon su preocupación, se acordó convocar una sesión de trabajo para el 16 de octubre, que tendrá como finalidad abordar la problemática de las construcciones hechas en suelo no urbanizable.

Los alcaldes pusieron de manifiesto la conveniencia de adoptar una línea de trabajo común en la comarca sobre este asunto después de que los diferentes consistorios hayan ido recibiendo una comunicación de la policía judicial instando a los alcaldes a informar de todas las obras acometidas en suelo no urbanizable en los últimos cuatro años en los respectivos términos municipales. Por otro lado, en la reunión del día 16 estudiarán la posibilidad de trasladar a la Junta y al Parlamento la necesidad de que se modifique la estricta normativa andaluza que restringe las construcciones en suelo rural o se tengan en cuenta las características especiales de los usos del territorio de la comarca.

Otra posibilidad que se baraja es la de la contratación por parte de la mancomunidad de un jurista especializado en urbanismo que asesore a los alcaldes sobre cómo actuar ante el inicio de una construcción en suelo no urbanizable y establecer pautas comunes acerca de si se acomete el derribo de las edificaciones irregulares tal y como fija la ley.

En este sentido, el presidente de la mancomunidad y alcalde de Alcaracejos, Luciano Cabrera (PSOE), invitó a participar en la sesión de trabajo convocada a los alcaldes o concejales de urbanismo interesados «porque la presión que soportan unos municipios no es la misma que soportan otros». Por su parte, Bartolomé Madrid (PP), alcalde de Añora, puso de relieve que los ayuntamientos «ni tenemos medios para controlar esas construcciones ilegales ni para afrontar la demolición», por lo que se mostró a favor de establecer un protocolo común en toda la comarca sobre las viviendas sin licencia y de «ahondar en la ley para ver posibilidades de construir en suelo rural al amparo de la normativa». El alcalde de El Viso, Juan Díaz (PSOE), también se mostró partidario de que la mancomunidad contrate a un técnico en derecho «que deberá analizar las peculiaridades de cada municipio, sus normas de planeamiento y establecer pautas de regularización si es posible». Emiliano Pozuelo, representante del PA en Pozoblanco, subrayó la dificultad de la mancomunidad para hacer frente a un problema de esta magnitud.